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Los campos petroleros no pueden seguir operando en centros de población

Los pozos están cerca de áreas residenciales y de escuelas.

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Frederic J. BROWN / AFP

En septiembre pasado, el gobernador de California Gavin Newsom rubricó la ley SB 1137, obra de la senadora estatal demócrata Lena González, que representa en Sacramento las ciudades latinas del sureste de Los Ángeles.  La SB 1137 prohibía la construcción de nuevos pozos petroleros o de gas activos a menos de 3,200 pies de casas, escuelas y parques al crear zonas de amortiguamiento que protegerían a los más de 2.5  millones de residentes que viven en ellas. 

La victoria de la ley fue recibida por júbilo y alivio, aunque para incalculables miles que ya sufrían de asma y otros males respiratorios y de varios tipos de cáncer era tarde. 

Según el departamento de Planificación de Los Ángeles, funcionan solo en la ciudad 26 campos de petróleo y gas donde operan más de 5000 pozos para su extracción.

Esta operación dispersa gases que causan enfermedades respiratorias y, como lo confirman los estudios médicos, varios tipos de  cáncer. 

Una reciente investigación de la escuela de Salud Pública en la prestigiosa Universidad de Boston halló que la contaminación del aire por la producción de petróleo y gas contribuye a miles de muertes prematuras y casos de asma infantil en todo el país con un total de $77,000 millones en costos anuales de salud.

La lógica impone que hace mucho que esos pozos debían haber dejado de operar. La SB 1137 buscaba eso. 

Sin embargo, la ley sólo se aplicó durante un mes. 

¿Por qué? 

Movilizando una potente máquina política, las compañías petroleras lograron suspender su aplicación hasta que los votantes decidan un referendo que inventaron para anular la ley SB 1137. Y mientras tanto, pueden seguir construyendo nuevos pozos mientras los existentes aún causando serios problemas de salud a la población. 

Su impunidad continúa mientras atentan a sabiendas contra la salud de la gente

De la misma manera pensó la junta editorial del Los Ángeles Times, que el 7 de enero calificó el referendo como “una campaña engañosa para anular una nueva ley de California”. 

Y así expresó su frustración una joven de 22 años, Nalleli Cobo, que creció junto a los pozos, sufre de asma y enfermó de cáncer reproductivo en etapa 2: “Los que están en el poder no valoran nuestra salud y bienestar. Es una señal de que algunas comunidades son prescindibles, que nuestras vidas no importan tanto como las ganancias de la industria de los combustibles fósiles”.

Es por eso que una nueva legislación, la SB 556, también de la senadora González, que pretende hacer que las petroleras paguen por el daño que causan podría ayudar.

Es una ley que salvará vidas. Es crucial que la comunidad latina le dé todo el apoyo que necesite.

El proyecto de ley SB 556 establece que a partir del 1 de enero de 2024, “un operador o propietario de una instalación de producción de petróleo o gas o un pozo con cabeza de pozo será presuntivamente, conjunta y solidariamente legalmente responsable por un problema respiratorio, dolencia en un adulto mayor o un niño, un parto prematuro o un embarazo de alto riesgo y por el diagnóstico de cáncer de una persona si se cumplen requisitos específicos”. 

Estos requisitos son que la persona damnificada haya residido o trabajado más de 24 meses acumulados en la zona protegida dentro de los 3200 pies de la perforación petrolera. 

Asimismo, que la persona haya sido diagnosticada después de que la ley entrara en efecto. 

La ley también establece la multa de entre $250,000 y $1,000,000 por cada persona diagnosticada con cáncer bajo esas condiciones. 

La SB 556 dará entonces a las familias que sufren los impactos de la perforación petrolera el derecho a demandar. También facultaría a los gobiernos locales y condales a presentar demandas colectivas (class action) en su nombre, por daños a la salud de residentes diagnosticados con cáncer, parto prematuro, embarazos de alto riesgo y otras dolencias.

En estos mismos días la SB 556  está debatiéndose en el Comité de Asignaciones. De aprobarse beneficiará a 2.5 millones de habitantes, entre ellos centenares de miles de latinos. Hará que las petroleras paguen por el daño que causan a la salud de la gente. Quizás eso les convenza que es preferible cerrar esos pozos.. 

Entre quienes apoyan o patrocinan el proyecto de ley SB 556 está Consumer Watchdog, una importante organización sin fines de lucro que defiende los intereses de los contribuyentes y los consumidores, y que este mes le dio la bienvenida ya que “evitará que las compañías petroleras impongan el costo del tratamiento de los daños que están causando a sabiendas a los contribuyentes y proveedores de atención médica”.

Sí, es cierto que de aprobarse como esperamos la SB 556 entrará a regir sólo en enero próximo. Pero mientras tanto, existe una solución temporaria. 

No solo apoyamos plenamente la SB 556, sino que llamamos al gobernador y los entes reguladores de California a suspender la emisión de licencias para nuevas excavaciones, tal como las petroleras han hecho, hasta que lo decida el referendo en noviembre de 2024. Mientras tanto, no más licencias. La salud de los californianos vale más que el lucro de estas empresas. 

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