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Pese a la opinión en contra de expertos y organizaciones que critican cómo el Ejército en México no solo está desplegado en tareas policiales sino que tienen un papel muy protagónico en tareas de control migratorio en las fronteras, se encargan de puertos y aduanas, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura, el Senado de aquel país aprobó por mayoría dividida ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028.
Esta reforma de ley se aprueba en medio de dos fuertes escándalos de Ejército en México, el primero referente a una investigación periodística la cual reveló que, en 2019, compró el software Pegasus para espiar de manera ilegal por lo menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos, que estaban investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Además, recientemente se dio a conocer el hackeo a los sistemas del Ejército que dejó al descubierto información de seguridad nacional, además de la verdadera salud del presiente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, al senado le importó poco tal contexto y aprobó la minuta por la que se amplía hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, con 87 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones.
Previo a la votación, esta reforma, así como la iniciativa que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, ya había suscitado críticas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, que tomaron como suyas los diputados de oposición, al advertir que se trata de una profundización de la militarización.
Expresaron su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas. Advirtieron que los militares sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.
Cabe destacar que pese a la militarización puesta en marcha por el gobierno de López Obrador, el país vive una de sus etapas más violentas de su historia, con al menos 20 mil 18 homicidios en lo que va del año, 73.8 casos por día y un acumulado de 135,453 en lo que va del sexenio.
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