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La Corte Suprema acordó que escuchará un segundo enfrentamiento legal sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden que actualmente está bloqueado por los tribunales inferiores. Los dos casos involucran un esfuerzo de la administración para restablecer un programa de condonación de préstamos.
El plan de alivio de la deuda estudiantil daría a los prestatarios federales que ganan menos de $125,000 al año hasta $10,000 de alivio de la deuda, pero algunos legisladores buscaron bloquearlo ante lo tribunales por no estar de acuerdo con la condonación.
Los argumentos en los casos podrían escucharse en febrero. El caso agregado se deriva de un desafío legal presentado por prestatarios individuales que argumentaron que la promulgación del programa de alivio de la deuda era incorrecta desde el punto de vista del procedimiento.
El mes pasado, un juez federal con sede en Texas invalidó el programa y un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans permitió que se mantuviera ese fallo, lo que provocó la apelación de la administración ante la Corte Suprema.
Por otro lado, un tribunal de apelaciones con sede en St. Louis detuvo el programa de alivio de préstamos en respuesta a la demanda emitida por seis estados: Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, quienes rechazan el plan.
Los jueces acordaron escuchar la apelación de la administración de ese fallo, en el que un panel unánime de tres jueces encontró que el plan de alivio de la deuda usurpaba la autoridad del Congreso.
La Casa Blanca sostiene que su política está autorizada por una ley federal de 2003, conocida como la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, a la que tanto las administraciones de Trump como Biden se han inspirado para aliviar la presión financiera de los estudiantes prestatarios durante la crisis mundial. pandemia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el plan de Biden costará alrededor de $400 mil millones durante 30 años, lo que provocó el desacuerdo en los legisladores. Su objetivo es perdonar hasta $10,000 en deudas de préstamos estudiantiles federales para aquellos que ganan menos de $125,000 al año y hasta $20,000 para los beneficiarios de las Becas Pell.
El programa ha generado numerosos desafíos legales, incluidos dos casos que solicitaron ayuda de emergencia en la Corte Suprema a principios de este año y que fueron rechazados unilateralmente por la jueza Amy Coney Barrett.
El gobierno del presidente Joe Biden ya había solicitado a la Corte Suprema que eliminara uno de los obstáculos legales que bloquean el programa de alivio de la deuda estudiantil y permita que entre en vigencia mientras se desarrollan los desafíos legales en todo el país.
El Departamento de Justicia (DOJ), en nombre de la administración Biden-Harris, instó a los jueces a revocar un fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de los EE.UU. con sede en St. Louis que detuvo el programa de alivio de préstamos.
Hasta antes del bloqueo, se habían registrado 26 millones de personas, quienes habían solicitado el programa cuando un juez federal lo congeló el 10 de noviembre, lo que llevó al gobierno a dejar de aceptar solicitudes, aunque ninguna deuda ha sido cancelada hasta el momento
