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Irán anunció el sábado la ejecución de dos hombres condenados por presuntamente matar a un voluntario paramilitar durante una manifestación.
Estas últimas ejecuciones tienen como objetivo detener las protestas que desafían la teocracia del país.
El poder judicial de Irán identificó a los ejecutados como Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini, por lo que se sabe que cuatro hombres han sido ejecutados desde que comenzaron las manifestaciones en septiembre por la muerte de Mahsa Amini. Todos se han enfrentado a juicios a puerta cerrada, rápidos y criticados internacionalmente.
La agencia de noticias del poder judicial Mizan dijo que los hombres habían sido condenados por matar a Ruhollah Ajamian, miembro de la Fuerza Basij voluntaria de la Guardia Revolucionaria iraní, en la ciudad de Karaj, en las afueras de Teherán, el 3 de noviembre.
Los Basij se han desplegado en las principales ciudades, atacando y deteniendo a los manifestantes, que en muchos casos se han defendido.
Imágenes muy editadas transmitidas por la televisión estatal mostraban a Karami hablando ante un Tribunal Revolucionario sobre el ataque, que también mostraba una recreación del ataque según afirman los fiscales.
Los Tribunales Revolucionarios de Irán, los cuales dictaron las otras dos condenas a muerte ya ejecutadas, no permiten que los juzgados elijan sus propios abogados o incluso vean las pruebas en su contra.
Amnistía Internacional ha dicho que los juicios “no se parecían a un proceso judicial significativo”.
La televisión estatal también transmitió imágenes de Karami y Hosseini hablando sobre el ataque, aunque durante años la emisora ha transmitido lo que los activistas describen como confesiones forzadas.
Los hombres fueron condenados por el asesinato, así como por “corrupción en la Tierra”, un término coránico y un cargo que se ha impuesto contra otros en las décadas posteriores a la Revolución Islámica de 1979 y que conlleva la pena de muerte.
Los activistas dicen que al menos 16 personas han sido sentenciadas a muerte en audiencias a puerta cerrada por cargos relacionados con las protestas. Las penas de muerte en Irán suelen ejecutarse en la horca.
Al menos 517 manifestantes han muerto y más de 19,200 personas han sido arrestadas, según activistas de derechos humanos en Irán, un grupo que ha seguido de cerca los disturbios.
Las autoridades iraníes no han facilitado un recuento oficial de las personas muertas o detenidas.
Las protestas comenzaron a mediados de septiembre, cuando Amini, de 22 años, murió luego de ser arrestado por la policía moral de Irán por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica.
Las mujeres han desempeñado un papel destacado en las protestas, y muchas se han quitado públicamente el velo islámico obligatorio, conocido como hiyab.
Las protestas marcan uno de los mayores desafíos para la teocracia de Irán desde la revolución de 1979. Las fuerzas de seguridad han utilizado munición real, perdigones, gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes, según grupos de derechos humanos.
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