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California aprobó el negocio legal de marihuana con la intención de usar los impuestos de su venta en mitigar el impacto que la guerra contra las drogas había causado principalmente en comunidades de color, pero seis años después se ha convertido en una industria que privilegia a vendedores de raza blanca en vecindarios latinos y afroamericanos, y que financia policías.
Una investigación de dos organizaciones a lo largo de cinco años en la ciudad de Los Ángeles y otras ocho en el condado determinó que en esos municipios básicamente latinos, los dueños de los expendios legales de cannabis son en su mayoría de raza blanca.
Pero también encontró que, mientras el estado emplea los impuestos de venta de marihuana en aliviar las secuelas de la guerra contra las drogas, los municipios los usan como parte de su presupuesto regular y con frecuencia para apertrechar y reclutar más policías.
Jim Teddy, el director ejecutivo de la organización Youth Forward (Juventud Adelante) quien dirigió la investigación, dijo a La Opinión que la legalización comercial de la marihuana se ha convertido en las ciudades en un negocio en barrios latinos que privilegia a empresarios blancos, utiliza a los jóvenes como consumidores y aporta fondos millonarios que usan a conveniencia.
“Los montos de impuestos van de aproximadamente 80 millones de dólares anuales para ciudades grandes, como Los Ángeles, hasta unos dos millones para ciudades pequeñas”, dijo Teddy. La investigación financiera la realizó la otra organización involucrada, Catalyst California.
La Proposición 64, que fue aprobada en la elección del 2016, buscaba que los impuestos de la venta legal de marihuana ayudaran a sanar a comunidades que habían sufrido los estragos por la guerra contra las drogas.
Teddy explicó que esa guerra en California llevó a muchos padres de familias, principalmente afroamericanos y latinos, a las cárceles, “uno de los peores trauma que podrían sufrir sus hijos”, comentó Teddy.
Pero en ninguna de las ciudades que ambas organizaciones investigaron por años, se utilizaron esos fondos para sanar familias.
La averiguación se aplicó en Los Ángeles, Long Beach, Pomona, Pasadena. El Monte, Bellflower, Lynwood, Culver City y Maywood.
Pero Teddy explicó que años antes de iniciar esa investigación en ciudades del condado de Los Ángeles, la organización Youth Forward aplicó otra similar a nivel estatal y encontró básicamente los mismos patrones que en el área angelina; impuestos de venta de marihuana que se destinan a asuntos distintos al que deberían.
Las dos organizaciones involucradas en la investigación convocarán la próxima semana en Los Ángeles a una conferencia de prensa para informar de los hallazgos de su averiguación y de que, de acuerdo con Teddy, este es un momento clave “para que las comunidades se movilicen” y consigan que los fondos de impuestos de venta de cannabis se reinviertan en ellas.
“El negocio de la venta de marihuana está despertando mucho interés de grandes corporaciones” para explotarlo de manera industrial masiva, explicó, por lo que es necesario que los residentes de las ciudades motiven cambios que beneficien a sus comunidades.
Dijo que cada concilio de gobierno local decide si permite que en su perímetro se establezcan dispensarios de marihuana bajo los reglamentos de que la marihuana se venda únicamente a mayores de 21 años de edad.
La mayoría de las ciudades aprueba los expendios de marihuana porque también decide los impuestos locales que aplican, hasta de 15 por ciento. El total de impuestos entre locales y estatales oscila entre 28 y 40 por ciento.
Luego de aprobar los dispensarios, son los mismos gobiernos locales los que más se oponen a cambios legislativos que les hagan cumplir con invertir esos impuestos en sanar a comunidades afectadas por la guerra contra las drogas en California.
Por otra parte la mayor oposición que las organizaciones encontraron al investigar en las ciudades del condado de Los Ángeles “fue por parte de los sindicatos de policía”, dijo Teddy.
Porque las ciudades fallan en destinar los fondos de impuestos de dispensarios a las comunidades y ante la posibilidad de que las corporaciones puedan generar mayores capitales tributarios con el negocio de marihuana, las organizaciones proponen movimientos de base comunitaria.
“Las comunidades tienen que comenzar a acercarse a dialogar con sus funcionarios electos. Y al mismo tiempo elaborar y promover iniciativas que se presenten a los electores para usar los impuestos en sus comunidades”, dijo Teddy.
Puso como ejemplo Sacramento, donde la Medida B aprobada en las elecciones permite que el impuesto de venta de la marihuana ayude a las personas que carecen de hogar. Esos impuestos oscilan entre $5.5 y $7.7 millones anuales.
