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El Congreso de Texas avanza con un proyecto de ley que permitirá la creación de la Unidad de Protección Fronteriza, para detener a inmigrantes indocumentados.
El proyecto de ley HB 20 establecería un grupo de oficiales, civiles delegados, que puedan “arrestar, aprehender o detener a personas que cruzan la frontera entre Texas y México ilegalmente”, aunque el plan ha desatado cuestionamiento sobre su posible aplicación.
No es la primera vez que el Gobierno de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott, aplica estrategias contra indocumentados, ya que bajo el programa Lone Star (Estrella Solitaria) se permite el arresto de inmigrantes, pero bajo acusaciones de invadir propiedad privada.
Con el nuevo proyecto se estaría codificando también dicha estrategia de arresto de inmigrantes sore la “invasión a propiedad privada”.
La propuesta fue presentada por el republicano Matt Schaefer, del Distrito 6 local, pero es una prioridad para el presidente de la Cámara, Dade Phelan, del Distrito 21, por lo que podría ser aprobada en las siguientes dos semanas, justo en el periodo en que concluye el Título 42, programado para el 11 de mayo.
Ha habido varias posturas en contra, incluso se organizó una sesión de testimonios, donde la mayoría coincidió en que la militarización de la frontera no ayudaría a detener la inmigración irregular.
Al presentar el proyecto, Schaefer hizo una conexión entre el tráfico de fentanilo y la inmigración, a pesar de que un reciente estudio del Instituto CATO confirmó que no hay una relación directa entre ambos problemas, ya que el 86% de las personas sentenciadas por el tráfico de esa droga son estadounidenses.
El proyecto de Schaefer tiene el respaldo de 52 republicanos, de los 86 que integran la mayoría en la Cámara, y se espera que los 64 demócratas se opongan a su avance, un número insuficiente para detener la ley.
Las preocupaciones sobre “cacería de inmigrantes”
El American Immigration Council señaló que la propuesta desata preocupaciones sobre las acciones de civiles contra inmigrantes indocumentados.
“[La ley] tiene la intención de poner los deberes federales de aplicación de la ley de inmigración en manos de las fuerzas del orden público estatales y los civiles delegados, con consecuencias potencialmente desastrosas”, indica un análisis Chelsie Kramer, Organizadora en el Estado de Texas la asociación. “Los riesgos van más allá de lo que esta fuerza pueda hacerles a los migrantes, ya que cualquier agente o civil involucrado podría estar sujeto a responsabilidad legal por actuar sin autoridad constitucional”.
Kramer advierte que las acciones migratorias son un deber del Gobierno federal, no de los estados.
La unidad para “cazar a inmigrantes”, según el proyecto de ley, estaría operando hasta diciembre del 2030.
El proyecto ha recibido el rechazo de congresistas demócratas, incluido el Caucus Legislativo México-Estadounidense (MALC, por sus siglas en inglés), que calificó el proyecto de ley como una “política de escuadrones de la muerte”.
“Es una propuesta peligrosa, radical e inconstitucional que faculta a los vigilantes fronterizos para cazar inmigrantes y perfilar racialmente a los latinos [que] resultará en la muerte de personas inocentes”, consideró la presidenta de MALC, Victoria Neave, del Distrito 107.
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