MEXICO.- Un pedófilo que violó y asesinó a una niña; un hombre violento que, en la discusión con su novia, la privó de la vida a cuchilladas; una mujer que quiso robar un bebé del vientre de su madre; una sicaria que dio dos tiros en la cabeza a rivales de un cartel. Algunos casos lista de delitos que impactan en el día a día al país tiene en los últimos años una pecualiradad: mayor número de años en las sentencias.
De la prisión vitalicia hasta penas de más de 73 años, ya por feminicidios, ya por secuestros; por homicidios y otras causas.
En el último año, por ejemplo, el sistema judicial del Estado de México documentó que la fiscalía local obtuvo 18 sentencias vitalicias en contra feminicidas. En la última de éstas, en contra Sergio Sánchez Carrillo, a quien acreditaron su participación en el feminicidio de su novia, el juez fijó para la familia una multa de 1.5 millones de pesos como reparación del daño.
La prisión vitalicia fue aprobada desde 2011 en el Estado de México para los delitos como feminicidios, homicidio calificado, violación tumultuaria y violación con muerte de la víctima.
Por ello, en el municipio de Chalco, Marciano Cabrera Romero, fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel por abusar sexualmente y acabar con la vida de una menor de nueve años.
En otra historia que conmocionó a la región, no se logró la prisión vitalicia porque la ley no permite un juicio retroactivo, pero sí 73 años. Fue en contra de María del Rosario Aarón Barrios, culpable de un feminicidio ocurrido en el municipio de Jilotepec en 2016. Ella y una cómplice intentaron extraer a la bebé de la víctima, quien tenía un embarazo de ocho meses. Bebé y madre murieron.
Entre penas severas e impunidad
Abogados y juristas coinciden en que el nuevo sistema de justicia penal (que incluye los juicios orales) que entró en vigor en 2016, ha ayudado gradualmente a sancionar a quien comete un delito. Y la estadística coincide.
El Cuaderno Mensual de Información, Estadística Penitenciaria Nacional refiere que tan sólo de mayo del año pasado a mayo del presente, en el fuero común el número de personas presas ya sentenciadas aumentó de 109, 979 a 117, 753 y el de procesados decreció de 82 mil 359 a 79 mil 664. En el ámbito federal los internos que no han recibido sentencia pasaron de 12, 544 a 13, 524.
Además de esos cambios, en la mayoría de los estados se han incrementado las penas contra ciertos delitos como delincuencia organizada, feminicidio, secuestro y homicidios. Con todo, aún existen retos. A nivel nacional, el índice de impunidad en el homicidio doloso en 2021 se ubicó en 91%, mientras que para 2016 fue del 86%, lo que muestra que en el periodo de cinco años esta tendencia aumentó 4.8%.
La estadística es variada, según la organización civil Impunidad Cero. Hay estados cuya impunidad está casi a los niveles del primer mundo como Yucatán (38.5%). Otros, con avances medios como Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%) y están los que elevan las tasas Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%) y Chihuahua (98.2%).
“El sistema adversarial (el nuevo sistema) es de luces y sombras: ha resultado eficaz en algunos estados del país porque se hizo a tiempo y conforme lo planead, ya tenían avances antes del mandato de ley y se profesionalizaron a los cuerpos de investigación, pero hay otros que no ha funcionado del todo bien”, advirtió el abogado catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Soriano.
El litigante destaca que aún falta en México cambiar la mentalidad del Ministerio Público que “debe entender que su función no es necesariamente persecutoria del delincuente, sino que su obligación medular es esclarecer los hechos delictivos y proteger al inocente”.
Casos relevantes
La justicia en México aún responde en muchos casos a la presión mediática. Los casos que suelen provocar movilizaciones y protestas suelen resolverse más rápido y las sentencias son más severas.
Hace unos meses se le dio la pena máxima en la Ciudad de México a Erik Francisco Robledo: 70 años de prisión tras ser hallado culpable del delito del feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyo caso desató una ola de protestas en todo el país exigiendo justicia y acciones preventivas para evitar este tipo de asesinatos.
También en la capital mexicana conmovió en 2019 un zafarrancho de cárteles. En un restaurante de un exclusivo centro comercial, una mujer se levantó repentinamente y disparó a dos hombres que estaban en una mesa cercana. Esperanza “N”, la sicaria, había actuado presuntamente por órdenes de Vanessa Ballar “La Güera” en un ajuste de cuentas entre la mafia israelí y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En solo dos años se dictó sentencia en contra de la primera: 26 años. Sorprendió en la opinión pública por la inmediatez, no por la condena. En México el 40% de los presos está en las cárceles sin sentencia, muchas veces, por los mismos recursos que los acusados interponen, otras, por falla en el sistema.
Sin embargo, también hay casos que, aunque no han sido mediáticos, se han resuelto con celeridad. Este año la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo sentencias condenatorias de 50 años de prisión en contra de cuatro hombres de origen colombiano.
A los detenidos se les encontró culpables en el secuestro de una persona en la Ciudad de México en el 2019. Con los datos de prueba reunidos, fue posible ubicar el vehículo y las casas de seguridad utilizadas por lo que se solicitó al Juez de Control las órdenes de cateo y aprehensión.
“Hay avances, pero falta mucho”, observa el abogado Soriano. “Lo ideal es que todos debiéramos pugnar por una verdadera independencia del Poder Judicial porque, incluso en el ámbito federal, hay muchos jueces que no resuelven a conciencia y reciben presiones a diario de miembros de las altas esferas de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia Corte misma”.
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