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El expresidente peruano Pedro Castillo pidió que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a Perú lo visite “de manera urgente” en la prisión de Lima donde cumple 18 meses de prisión preventiva tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
Esta solicitud se da luego de una ola de rumores en redes sociales donde usuarios aseguran que Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, fue envenenado tras su detención por autoridades en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de ello.
Ahora, el exmandatario aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está “privado arbitrariamente” de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, “ante la visita de la CIDH en el Perú”.
“Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal”, sostuvo Castillo.
En el comunicado, Robles se dirige “a la comunidad internacional y al pueblo de Perú” para señalar que se solicitó a la CIDH, por gestiones de la organización Red Nacional de Derechos Humanos, “una reunión con el presidente Pedro Castillo con presencia de su abogado defensor”.
Agregó que la secretaria ejecutiva del organismo respondió que “dentro de la agenda del equipo técnico de la CIDH, está programada una visita” al exgobernante encarcelado.
Indicó, sin embargo, que al momento de publicar su comunicado la CIDH “no ha contactado” con la defensa de Castillo “a los fines de concretar detalles de la reunión” y manifestó su temor de que ese encuentro “no se dé por posibles presiones políticas”.
Robles también expresó su preocupación “ante el silencio y retardo de este organismo” sobre una solicitud de medida cautelar que presentó a favor de su patrocinado.
El abogado aseguró que publicó el comunicado para hacer “del conocimiento público esta situación, para estar alerta y no se politice la visita de la CIDH a favor de los intereses del Gobierno” que preside Dina Boluarte, al que calificó de “de facto”.
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