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Al igual que en Estados Unidos, en México se implementó el programa de testigos protegidos para ayudar en investigaciones iniciadas contra diversos miembros de la delincuencia organizada.
En la mayoría de los casos, se trata de expolicías o personas que en alguna ocasión se involucraron en el mundo de las drogas, y que decidieron colaborar para reducir sus propias condenas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades por resguardar la integridad de dichos testigos, varios de ellos terminaron muertos.
Uno de estos casos es el de José Salvador Puga Quintanilla, cuyo nombre clave era “El Pitufo”, quien declaró contra al excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, al que acusó de recibir pagos por proteger a miembros del crimen organizado en Tamaulipas.
Pero su declaración no sirvió de mucho, pues el exmando policíaco fue exonerado por un juez federal, mientras que Puga Quintanilla terminó suicidándose en una prisión de Texas, en 2017, tras ser detenido y acusado de pedofilia.
Otro ejemplo es el de Édgar Bayardo, un excomandante de la policía que era testigo clave en una investigación contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El expolicía proporcionó información en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, que apuntaba a disminuir los altos niveles de corrupción en las instituciones de gobierno.
Sus declaraciones tuvieron repercusiones y le costaron la muerte, pues sicarios lo asesinaron en una cafetería en la Ciudad de México, luego de salir desprotegido de la casa de seguridad en donde se encontraba.
Hoy en día, el número de testigos protegidos se redujo drásticamente en comparación con administraciones anteriores. De acuerdo con funcionarios federales consultados por el diario Milenio, de los casi 400 testigos protegidos que se tuvieron y que se comenzaron a dar de baja desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se desconoce el paradero de la mayoría, no están localizables, terminaron en las calles o están muertos.
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