¡Aguas con las megadesaladoras de agua en México! Cuidado con estos megaproyectos diseñados (y operados por extranjeros) para llevar/vender agua a Estados Unidos. Los análisis de expertos regionales sobre el tema preocupan demasiado. Además, tenemos algo de experiencia—bien documentada—para el estado de Baja California. La breve historia ahí resultó ser bastante funesta. A propósito del Plan Sonora y el proyecto para construir una planta desalinizadora de agua en Puerto Peñasco, la experiencia del estado vecino resulta por demás ilustrativa e interesante.
El tema de la construcción de megadesaladoras de agua de mar y los intentos de cooperación con Estados Unidos para el abastecimiento de este líquido vital en el marco de esquemas de asociación público-privados, no son nuevos. Existe una interesante historia reciente al respecto, que tiene sus orígenes en los primeros años de este siglo, adquiere mayor importancia en el 2012 y se corona con los fallidos proyectos de construcción de plantas desalinizadoras de agua en el estado de Baja California. Vale la pena analizar a profundidad esta experiencia, que afortunadamente ha sido bien investigada por académicos y periodistas muy profesionales. La historia se ha difundido en medios locales principalmente, pero desafortunadamente no se ha hecho viral entre la opinión pública a nivel nacional.
Las premisas detrás del proyecto bajacaliforniano parecen ser algo similares a las que caracterizan hoy al caso sonorense; por ello, la importancia del presente análisis.
Vale realmente la pena hacer un esfuerzo para comunicar esta experiencia debido a los nefastos resultados de ese primer intento por construir grandes plantas desalinizadoras de agua para su venta en el vecino país. Es preciso también identificar claramente los intereses (aparentemente obscuros) de empresas transnacionales que potencialmente se beneficiarían de forma extraordinaria con la “privatización del agua”. Dicha privatización y los negocios correspondientes resultarían enormemente lucrativos para los dueños de grandes empresas (la mayoría de ellas transnacionales y ubicadas en Israel y los Estados Unidos de América).
Los beneficios se concentrarían también, de forma selectiva, en un pequeño grupo de políticos y lobistas que harían posible la materialización de los proyectos. Todo ello conllevaría, además—según la experiencia y análisis de impacto en otras latitudes—mayores costos del agua para nuestras comunidades y un enorme daño al medio ambiente, particularmente del lado mexicano de la frontera. Según lo han documentado los expertos, nuestros mares y las especies que ahí habitan podrían encontrarse en grave peligro.
El tema de la propuesta de construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar en México para la venta del líquido vital en Estados Unidos adquiere especial relevancia en el marco de la discusión del Plan Sonora. Es preciso tener un debate serio al respecto para ampliar la información tan escueta que nos han proporcionado el gobierno federal mexicano y el gobierno de Sonora, después de que en diciembre del año pasado, el congreso del estado de Arizona aprobara un presupuesto importante para avanzar en la construcción de una gran planta desalinizadora de agua en Puerto Peñasco. En efecto, conocemos muy poco sobre este megaproyecto. La mayor parte de la información se ha proporcionado en Arizona. Nuestras autoridades—que se encuentran bien enteradas, de acuerdo a documentos que presentan “del otro lado” las partes interesadas—parecen haberse reservado, para ellas mismas, el grueso de la información sobre un proyecto que, según los expertos, podría tener gravísimos impactos ambientales, sociales y económicos para México, pero sobre todo para el estado de Sonora.
La exploración de proyectos de desalación en el Océano Pacífico para abastecer a California, parece tener importantes similitudes con los proyectos potenciales del mismo tipo en el Alto Golfo de California (o Mar de Cortés como lo conocen los estadounidenses) para dotar de agua al estado de Arizona.
Para aquellos interesados en el tema—que en mi opinión es uno de los más relevantes hoy en día, pues se trata del agua y de las potenciales guerras por el líquido vital—les recomiendo revisar el trabajo de expertos bajacalifornianos y sonorenses. Proyecto Puente en Sonora hace ahora mismo un trabajo formidable para darle cobertura profesional e imparcial a los temas de Plan Sonora y, en especial, al de la primera megadesaladora de agua en Puerto Peñasco. Reconozco el trabajo de Luis Alberto Medina, quien ha facilitado interesantes discusiones al respecto. Revisando con mayor profundidad su trabajo y después de fructíferos intercambios, comprendo que su labor es facilitar el entendimiento crítico sobre el tema. También reconozco el compromiso del comunicador y de muchos de sus invitados y colaboradores para con el medio ambiente.
Es preciso estar muy pendientes de los análisis de expertos regionales como Óscar Serrato, Nicolás Pineda y Karina López Ivich, cuyo trabajo y opiniones certeras sobre los proyectos potenciales de desalinización de agua del Golfo de California conocí gracias a Proyecto Puente. También vale la pena revisar las posiciones oficialistas sonorenses para contrastar y establecer juicios informados sobre un tema clave para el futuro de nuestro país y sus recursos. Otro trabajo que recomiendo ampliamente, es el realizado por Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz para el Centro Fronterizo para Periodistas y Blogueros (Border Center for Journalists and Bloggers o BCJB) – Border Hub. En noviembre de 2019, publicaron un magnífico trabajo sobre el tema de los turbios proyectos de construcción de importantes desalinizadoras de agua en el estado de Baja California.
El trabajo cuenta con una introducción muy clara titulada “Las aguas negras de ‘Kiko’ Vega en Baja California” (https://www.borderhub.org/noticias-especiales/las-aguas-negras-de-kiko-vega-en-baja-california/) y está integrado por seis capítulos con las historias sobre un proyecto fallido de desalinización de agua para su venta en Estados Unidos. Los relatos correspondientes describen la corrupción y escándalos que envuelven a una obra no concluida que bien podría reiniciarse, o incluso peor, podría replicarse en otras regiones de México (como Sonora) con todos los efectos negativos que se anticipan en los ámbitos social, económico, político y ambiental.
Pienso que es de gran relevancia considerar esta experiencia en Baja California pues—según declaraciones de diversos representantes del gobierno mexicano, incluyendo al Canciller, al gobernador Durazo y al mismísimo Presidente—se contempla seriamente llevar a cabo proyectos para construir desalinizadoras (en plural, como dijo Marcelo Ebrard) en el estado de Sonora. Dichas obras de infraestructura coinciden con el plan de “energías sostenibles” para este estado, que según afirman las autoridades mexicanas sería “una síntesis regional del cambio de modelo energético del país”.
Si es así como dicen, considerar la experiencia de Baja California debería encender nuestras alertas. De acuerdo con la magnífica investigación de Armando Nieblas y Cristian Torres, el proceso para la instalación de desalinizadoras de agua en Baja California no fue transparente, y todo parecía ser “un negocio de particulares” (nacionales y extranjeros), con sus potenciales grandes consecuencias negativas para la población mexicana en general y el medio ambiente. Al analizar esta experiencia, podría concluirse que el objetivo de políticos y empresarios ahí, era hacer negocio con la desalación del agua de mar. Por eso, ¡aguas!
La investigación de Armando Nieblas y Cristian Torres se centra en el proyecto del exgobernador panista de Baja California, Francisco (“Kiko”) Vega de Lamadrid para construir lo que se preveía sería la planta desaladora más grande de América Latina. En sus seis capítulos, los investigadores nos muestran claramente cómo este proyecto se enmarcó en una red de corrupción que hubiera dejado “embargada a la entidad durante…37 años”. Así mismo, bajo este esquema, los únicos beneficiados hubieran sido “empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante”.
Las premisas detrás del proyecto bajacaliforniano parecen ser algo similares a las que caracterizan hoy al caso sonorense; por ello, la importancia del presente análisis. El tema clave es la escasez de agua en la región, la sequía y los problemas alrededor del Río Colorado. En el caso de Baja California, el plan era que el gobierno del estado comprara la totalidad del agua producida “para vender una parte a Estados Unidos mediante un acuerdo comercial entre ambos países o intercambiarla por la que proviene del Río Colorado y se encuentra en la presa Hoover de Las Vegas, Nevada” (véase https://www.borderhub.org/noticias-especiales/la-historia-de-gough-thompson-el-hombre-que-ideo-y-freno-la-desaladora/). Los puntos clave del artículo son los siguientes:
Primero. En el caso de Baja California, todo comenzó con la insistencia en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Una de ellas sería la desalinización. Para justificar el proyecto, autoridades del estado utilizaron información supuestamente sesgada para justificar la construcción de dos plantas desaladoras en la zona costera. Así, en 2015 se licitaron dos proyectos bajo el esquema de asociación público-privada—uno en Playas de Rosarito y el segundo en la Bahía de San Quintín.
Segundo. Bajo este esquema, el gobierno del estado de Baja California se convertiría en “deudor solidario de los desarrolladores, asumiendo todo el riesgo financiero y las pérdidas que pudieran ocasionar los proyectos, además de permitirles solicitar líneas de crédito sin tener que invertir recursos propios, todo a costa del erario” (véase https://www.borderhub.org/noticias-especiales/las-aguas-negras-de-kiko-vega-en-baja-california/). Ello no representaría riesgo mayor para los “particulares”, quienes tendrían, según el artículo “asegurado el consumo, la tarifa y los ingresos”. Este punto es clave y debe ser considerado al evaluar el plan para construir la desalinizadora (o desalinizadoras) en Puerto Peñasco.
Nota: En lo que respecta a los “particulares”, sería interesante hacer un análisis muy a conciencia de las empresas interesadas en el proyecto de la(s) desalinizadora(s) en Sonora. En el caso de Baja California se mencionan, por ejemplo, la empresa Degremont (filial de SUEZ Environnement), Consolidated Water, Nuwater y “The Carlyle Group”. También destacan empresas israelíes. Es importante considerar que, desde hace tiempo, importantes empresas israelíes han estado interesadas en invertir en este sector en Baja California (véase: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Baja-California-en-la-mira-de-Israel-20180322-0019.html); tal es el caso de Sonora también, al parecer. No hablamos entonces de un plan nuevo, pero sí de uno delicado que no ha sido bien comunicado entre la sociedad mexicana para empezar.
Tercero. El proyecto estuvo básicamente plagado de conflictos de interés, simulaciones e irregularidades en los procesos de licitación. Según lo reportado por los investigadores de BCJB – Border Hub, se presentó información falsa a los legisladores para justificar las obras y el gobierno del estado generó un desabasto de agua para poder llevar a cabo el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito. En general, los investigadores detectaron información sesgada, agua desaparecida y “prolongado abandono en obras y mantenimiento del Acueducto Río Colorado-Mexicali-Tijuana, infraestructura hidráulico-sanitaria, así como a las plantas de tratamiento” (véase https://www.borderhub.org/noticias-especiales/maquillan-cifras-y-violan-la-ley-para-justificar-desaladoras/). Esto mismo debería investigarse para el caso de las regiones de interés en el estado de Sonora con el objeto de prevenir un atraco.
Cuarto. El objetivo principal del proyecto (hasta ahora fallido) de Baja California era “el de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en la planta desaladora de Playas de Rosarito” a Estados Unidos. Aunque las autoridades de Baja California lo negaron durante años, “documentos de la SEMARNAT, minutas del Distrito de Agua de Otay en California y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos” (revisados por Nieblas y Torres) confirman este hecho (véase https://www.borderhub.org/noticias-especiales/venta-de-agua-a-los-estados-unidos-el-verdadero-negocio/). Según esta investigación, el “plan maestro para vender agua a Estados Unidos [inició] en 2005” y uno de sus principales promotores fue Gough W. Thompson, un veterano de guerra estadounidense nacido en Maryland. Actualmente, Thompson mantiene un litigio con quienes fueron sus socios, y ello ha impedido la construcción de la planta en Playas de Rosarito (https://www.borderhub.org/noticias-especiales/la-historia-de-gough-thompson-el-hombre-que-ideo-y-freno-la-desaladora/).
Quinto. Según la investigación de Nieblas y Torres, los dos exgobernadores de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez “conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos” [aunque el primero negó esto durante su administración]. Pero el plan no es sólo de los últimos años. Según la información proporcionada por los investigadores de BCJB – Border Hub, en la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay “gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona”. Esta situación nos recuerda al caso de Sonora. Al parecer, el gobernador Durazo y su predecesora priista, Claudia Pavlovich (nombrada Cónsul de México en Barcelona durante el gobierno de AMLO), conocían todos los detalles del proyecto de la megadesaladora en Puerto Peñasco y se habían reunido con sus contrapartes y las empresas interesadas en materializarlo. Desafortunadamente, los resultados de esas reuniones no han sido comunicados a los sonorenses de forma puntual como debiera ser el caso para un proyecto tan clave y delicado.
Es interesante mencionar que, en su momento, Kiko Vega mencionó que “un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta [desalinizadora] debido a que todos los permisos son de carácter federal”. Y tiene toda la razón. Algo similar sucedió recientemente en Sonora, cuando en un programa de Proyecto Puente se dio a conocer información sobre las reuniones del gobernador Durazo con los interesados del lado estadounidenses en construir la planta desalinizadora. Al finalizar el programa, el gobierno de Sonora envió un comunicado asegurando que no se había llegado a negociación alguna y pronunciándose claramente sobre su competencia en el tema del agua (véase: https://proyectopuente.com.mx/2023/01/31/empresa-de-arizona-queria-desaladora-en-penasco-durazo-la-rechaza-por-falta-de-etica/).
Sería muy importante conocer con todo detalle la postura del gobierno federal mexicano con respecto a estos proyectos. Desconcierta la poca transparencia por parte de nuestras autoridades en un tema de vital importancia como éste. La falta de información al respecto comienza a provocar enorme desconfianza entre los expertos regionales y la opinión pública en general. Fingir desconocimiento y limitar la información en un tema tan delicado nos transporta en los recuerdos a la turbia experiencia de Baja California.
Era importante resumir los principales puntos del extraordinario trabajo de los investigadores de BCJB – Border Hub. Era también clave ubicar esta experiencia en el caso sonorense. Armando Nieblas del Campo “nunca pensó que la corrupción en las plantas desalinizadoras fuera tan grande” (https://www.bordercenter.net/es/blog/nunca-pense-que-la-corrupcion-en-las-plantas-desalinizadoras-fuera-tan-grande-armando-nieblas). Y gracias a su pertinente investigación, tampoco yo.
La exploración de proyectos de desalación en el Océano Pacífico para abastecer a California, parece tener importantes similitudes con los proyectos potenciales del mismo tipo en el Alto Golfo de California (o Mar de Cortés como lo conocen los estadounidenses) para dotar de agua al estado de Arizona. La problemática analizada en los diversos capítulos del trabajo de Nieblas y Torres es fundamental. Destacan: i) el potencial endeudamiento y ensanchamiento de nuestra dependencia con el país vecino (lo cual conllevaría, al mismo tiempo, una pérdida de soberanía); ii) el enorme riesgo financiero para México; y iii) el muy elevado impacto ambiental potencial para nuestras aguas y para el medio ambiente en general. Recordemos que las plantas desalinizadoras requieren de grandes cantidades de energía eléctrica para funcionar, lo cual elevaría considerablemente las emisiones de carbono (véase: https://www.borderhub.org/noticias-especiales/plantas-contaminadoras-ponen-en-riesgo-vida-marina/). Y por si fuera poco, en el caso de Puerto Peñasco, según información diseminada en el estado de Arizona, la magadesaladora no operaría con energía proveniente de México, sino “del otro lado”. Si ello fuera así, el proyecto representaría para empresas de energía estadounidenses un negocio redondo.
Definitivamente, la construcción de estas megaplantas desaladoras de agua de mar conllevan riesgos sociales, económicos, políticos y ambientales muy significativos como lo plantea Karina López Ivich (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/comunidad-15/desalinizar-el-mar-de-cortes-not-my-backyard). Finalmente, está el tema de la corrupción y los beneficios extraordinarios para una pequeña élite de políticos mexicanos y de lobistas o intermediarios que facilitarían la materialización de un proyecto inviable para México en lo general y en diferentes niveles. Es preciso recordar que las corruptelas no tienen color; antes fueron azules o tricolores. Ahora podrían ser guindas. ¿Son o no son iguales? Estaremos atentos. Y para México, las comunidades sonorenses y los habitantes de la región fronteriza de México con Estados Unidos en general, un mensaje final: ¡Aguas con las desalinizadoras de agua!
(*) Guadalupe Correa-Cabrera es Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc
