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El viernes se realizó la audiencia de imputación en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) detenidos durante el jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego del incendio del pasado 27 de marzo que dejó 40 inmigrantes indocumentados muertos y 27 lesionados.
Un juez dictó prisión preventiva contra tres funcionarios que laboraban en la estación del INM ubicada en Chihuahua: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
Los tres funcionarios del INM en Chihuahua enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio.
Un implicado más, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en este suceso, es el titular del INM en Chihuahua, Salvador González, que no podrá ser detenido porque el mismo día en que se librara la orden para ello, González consiguió la suspensión provisional otorgada por un juez en contra de cualquier orden de aprehensión y que solicitó a través de un amparo desde el pasado 12 de abril.
La audiencia inicial se retomará en una segunda parte el próximo martes, luego de dos días para la formulación de los cargos entre la noche del jueves y la tarde de este viernes.
La FGR de México informó que también procederá penalmente en contra del titular del INM a nivel nacional, Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
Ambos funcionarios han sido citados a comparecer el próximo 21 de abril en la audiencia inicial en el que se mencionarán las acusaciones que los relacionan con el incendio por el que fallecieron 40 inmigrantes en Ciudad Juárez.
La FGR señaló que ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que los migrantes involucrados no pudieron escapar debido a que la persona encargada de las llaves estaba ausente durante el incidente.
El mandatario mexicano y el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, han rechazado pedir la destitución del director del Instituto Nacional de Migración, hasta que no haya una determinación judicial de sobre si es reponsable o no en estos hechos.
Tras el suceso en el que murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, el gobierno de El Salvador lo calificó como un “crimen de Estado”.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
Con información de EFE
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