Nota: A propósito de la sentencia final en el caso del exgobernador Tomás Yarrington Rubalcava en el estado de Texas—anunciada la semana pasada—retomo y reviso un texto de mi autoría publicado en SinEmbargo.mx el 9 de enero del año pasado, titulado “El que a hierro mata, a hierro muere”.
En una columna publicada el 2 de enero de 2022 en el portal “OPTIMUS Informativo”, el periodista tamaulipeco Jorge A. Pérez reprodujo un fragmento del libro del periodista Ricardo Ravelo titulado “Osiel: Vida y Tragedia de un Capo” (Grijalbo, 2009). En ese fragmento, Ravelo narra el contenido de una llamada telefónica que recibió Carlos Loret de Mola el 8 de octubre de 2004 en su programa “Primero Noticias” de Televisa. Era la llamada del entonces líder del Cartel del Golfo (y supuesto creador, en cierto modo, de los Zetas), Osiel Cárdenas Guillén, desde el penal de ‘alta seguridad’ de La Palma. En esa ocasión, el capo, quien ahora se encuentra privado de su libertad en una prisión de ‘máxima seguridad’ en los Estados Unidos [pero que saldrá muy pronto], se lanzó contra el titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, “y lo acusó de chantaje”. Al respecto, escribe Ravelo:
“En esa inusual entrevista, difundida en radio y televisión, Osiel desnuda a Vasconcelos al afirmar que éste le pidió incriminar a Tomás Yarrington, entonces gobernador de Tamaulipas.
Si no quería ser extraditado a Estados Unidos, debía decir que el político tamaulipeco estaba relacionado con el narcotráfico.
Con el espacio abierto en la cadena televisiva más poderosa, Osiel no se limita al hablar. Cuestiona a la PGR porque, según él, lleva a cabo una lucha selectiva en contra del tráfico de drogas y dice que sólo se combate a ciertos grupos”.
Después del juicio a Genaro García Luna en Nueva York, este último enunciado hace muchísimo más sentido. Nadie duda de las redes de protección por parte de autoridades de todos los órdenes en México y otros países al narcotráfico. La narrativa hegemónica (o ‘mainstream’ reproducida por Netflix, la mayor parte de los medios de comunicación y la academia) asume que son esas redes—construidas supuestamente de forma exclusiva en países en desarrollo—el origen de muchos de los males que aquejan a nuestras comunidades y la explicación más certera de los elevadísimos niveles de violencia que se registran en México y en otros países del continente americano.
Y todo parece confirmar esta versión. Yo misma la he dado por hecho. ¿Cómo defender a un gobernador mexicano acusado de ligas directas y promoción del narcotráfico? ¿Cómo dudar de los vínculos de los (ex)gobernadores Tamaulipecos con el Cartel del Golfo y/o Los Zetas? ¿Cómo negar que Salvador Cienfuegos fue el “Padrino”? ¿Cómo negar que Genaro García Luna tenía vínculos con el Chapo Guzmán [incluso después de un juicio que dejó mucho que desear]? No. Nada de eso es posible y pensar lo contrario sobre estas redes de protección al narco te haría un cómplice, un ‘chayotero’ (del lado que lo quieras ver), un teórico de la conspiración o un simplemente un gran estúpido.
Lo interesante, sin embargo, es que en todos estos casos, las pruebas materiales de los crímenes están reservadas para los fiscales que supuestamente investigaron, pero no están a disposición del público en general. Lo que es más, la mayoría de estos delitos y sus móviles vinculados directamente a narcotráfico—que es para Estados Unidos un tema de seguridad nacional—se dan a conocer a través de testigos cooperantes o testigos protegidos (muchos de ellos en juicios de alto impacto en la Unión Americana) o por medio de investigaciones judiciales realizadas en el vecino país. Todo esto parece hacer total sentido debido a que, en nuestro imaginario, todo es culpa de los narcos y los narcopolíticos del mundo subdesarrollado, mientras que las autoridades o agencias de seguridad estadounidenses son las únicas capaces de hacer justicia y de investigar adecuadamente lo que sucede con el tráfico de drogas [nótese el sarcasmo].
Lo curioso es que hoy más que nunca, una gran cantidad y variedad de drogas siguen entrando y distribuyéndose convenientemente en “la tierra de los libres, hogar de los valientes”. Al mismo tiempo, las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses operan y mantienen presencia en todo el continente y más allá, administrando recursos naturales estratégicos y dominando la geopolítica y la geoeconomía mundiales. Y así se sostiene la narrativa de los carteles en las historias de narcos, padrinos y testigos cooperantes o protegidos. Todo ello es como una serie de Netflix, Telemundo o Amazon Prime.
Yo, hasta hace poco, nunca había puesto en duda la relación de Tomás Yarrington con los narcotraficantes de su época, pero la verdad es que nunca se presentaron evidencias concretas de ese supuesto hecho. Yarrington fue acusado originalmente de cometer 11 delitos federales, la mayor parte de ellos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, como señala Jorge A. Pérez en otra columna (ahora del 19 de marzo del 2023), la Fiscalía del Sur de Texas no los pudo acreditar. Esto último, según el periodista, “por la simple y sencilla razón” de que la acusación “estaba basada en pruebas proporcionadas personalmente por el gobierno de Felipe Calderón, vía su Procuradora de Justicia Marisela Morales”. Esto último no lo puedo confirmar; tampoco cuento con las supuestas pruebas que tenían los fiscales estadounidenses para acusar a Yarrington de varios delitos relacionados con narcotráfico internacional.
Lo que sí está bien claro es que finalmente el exgobernador se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero. En efecto, en marzo de 2021, Yarrington admitió que recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos que utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos. Al hacer esto, el gobierno estadounidense desestimó los cargos de tráfico de droga, extorsión, entre otros que se le habían imputado. Fue parte de la negociación, pero esto concuerda, en cierto modo, con lo que le dijo Oziel (con Z) a Loret de Mola en 2004. Se dice que no se le puede creer a un narcotraficante o a un criminal, pero aun así los utilizan de testigos protegidos en algunos casos.
Nunca sabremos a ciencia cierta si lo que dijo Osiel fue verdad o no, pero lo que si sucedió es que en Estados Unidos no se vinculó directamente al exgobernador de Tamaulipas a tráfico de drogas y se le dictó una sentencia de sólo 9 años de prisión [saldrá muy pronto, considerando el tiempo que lleva preso, buena conducta y otros detalles]. Yarrington se declara lavador de dinero—y aquí el tema de la corrupción es central—pero no acepta ser narcotraficante. José Luis Santiago Vasconcelos está muerto. Ahora recuerdo que murió en un misterioso accidente aéreo en 2008 (en el cual también perdió la vida el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño) cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente y Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública. También recuerdo cómo se enojó García Luna cuando le pregunté por esos “accidentes”.
“¿cómo es posible que esos funcionarios claves murieran todos en accidentes aéreos? ¿No te parece raro? A mí me parece raro.
Y entonces Genaro, visiblemente irritado dijo lo siguiente:
—Los tres accidentes aéreos fueron eso: accidentes. Encontramos el avión tirado, hecho pedazos, los cuerpos embarrados. Vamos a hacer análisis con evidencias, no con supuestos. Yo te doy evidencia. Y si no confías en mí, aquí se acabó la plática…”
(Las Cinco Vidas de Genaro García Luna, El Colegio de México, 2021, p. 55)
Por cierto, en el presente contexto y después del juicio a García Luna en los Estados Unidos [quien tiene también orden de aprehensión en México por presunto tráfico de armas en la operación “Rápido y Furioso”], recomiendo la lectura del libro que escribí en coautoría con Tony Payan sobre este personaje—y que cito arriba. Yo creo que pueden encontrar ahí muchos detalles interesantes. El pasaje de los accidentes aéreos me parece curioso y creo que puede resultar, para algunos, relevante.
Sobre el caso de Tomás Yarrington, además de Vasconcelos QEPD, parecen conocer demasiado la Ex-Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez e Irving Barrios Mojica—este último, actor clave en el famoso “Michoacanazo”, autor del llamado “Tamaulipazo” y acusado, por muchos, por la alegada fabricación de múltiples delitos en su papel como fiscal general del estado de Tamaulipas. Barrios Mojica y su otrora jefa han sido señalados en varias ocasiones por supuestamente integrar expedientes a modo y fabricar pruebas. Destaca, por ejemplo, la denuncia formal del excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien acusó al “dúo dinámico” por la manipulación de testigos y la muy desaseada integración de la averiguación previa por la que terminó injustamente en prisión durante cuatro años [por cargos de delincuencia organizada que nunca se pudieron comprobar].
Cabe destacar que Herrera Valles había entregado dos cartas al expresidente Calderón donde exponía posibles actos de corrupción cometidos por el mismísimo Genaro García Luna. Por otra parte, en el caso del ex gobernador tamaulipeco, dice Jorge A. Pérez que “el expediente entregado en Brownsville por Marisela Morales, resultó inventado, basado en testigos protegidos en México, que habían servido para muchos casos diferentes; el de los políticos de Michoacán, el de los generales del ejército, el de los mandos medios de la Policía Federal, etcétera”.
Parecería ser entonces que funcionarios clave de administraciones pasadas—y sobre todo del calderonismo—tienen buena experiencia en la fabricación de culpables. Osiel acusó a Vasconcelos de presionarlo para culpar falsamente a Yarrington. García Luna fue famoso por sus montajes, venganzas y muchos otros escándalos en esta materia. La mancuerna Morales-Barrios hizo de esta práctica, según dicen muchos, su modus operandi en la procuración de injusticias. Los múltiples casos que algunos alegan le encargó el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca a su flamante fiscal general son memorables y se han documentado con cuidado en diversas plataformas y por diversas fuentes [ya hemos hablado de escandalosos casos particulares en columnas anteriores]. Por otra parte, y del otro lado de la frontera, los casos de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos Zepeda levantan algunas cejas por eso de la ausencia de pruebas materiales [accesibles al público] que sustenten las acusaciones de los fiscales y los testigos elegidos.
Es interesante cómo algunos personajes expertos en montajes y detenciones arbitrarias ahora se encuentran en la cárcel, enfrentando severos cuestionamientos o en problemas legales. El caso más emblemático es el de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable por un jurado en Nueva York, en base exclusivamente a declaraciones juradas de testigos cooperantes y testigos protegidos. Y aunque supuestamente existen abundantes pruebas de lo dicho, no pudimos palpar absolutamente ninguna.
Para fabricar culpables se requiere de mucho cinismo, muchas agallas y nada de escrúpulos. Pero se dice que el karma existe y que la justicia divina llega tarde o temprano. Dicen que “el que a hierro mata, a hierro muere” en sentido real o en sentido figurado. Los apellidos Vasconcelos o García Luna llegan a la mente. ¿Quién sigue? Recordemos que Morales Ibáñez e Irving Barrios Mojica no operaron (o no han operado) en solitario; trabajaron (o trabajan) al mando de alguien. Es por ello que los apellidos Calderón y García Cabeza de Vaca rondan en nuestra mente.
