No es sorpresa que los políticos de derecha en México alaben las decisiones, las leyes, “la justicia” y la forma de vivir del estadounidense; en muchos aspectos, según dicen, es su modelo a seguir de una gran democracia. No obstante, cuando ellos cometen faltas o violan la ley, esa democracia se olvida o prefieren ignorarla.
En otras palabras, ese grupo que no baja de “dictador”, “cacas”, “ignorante”, “pendejo” y “comunista”, entre muchas otras referencias despectivas, además de deseos de muerte en las redes sociales hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se rehúsa a cumplir el estado de derecho que tanto dice apreciar; incluso, los miembros de esa derecha no son castigados en claras manifestaciones de discriminación, como muy a menudo le puede pasar a un servidor público en Estados Unidos.
Un ejemplo de ello acaba de suceder en Los Ángeles, cuando tres funcionarios públicos tuvieron que renunciar a sus puestos tras la presión de la comunidad, e incluso fueron llamados desde la Casa Blanca pidiendo su destitución.
Todo esto sucedió, luego de que se publicó un audio filtrado donde se escucha una conversación entre varios concejales y un líder sindical con referencias racistas en contra de la comunidad oaxaqueña y afroamericana.
En este caso, en ningún momento se habló de la ilegalidad de la acción de obtener el material. Inclusive, los afectados, todos latinos, no trataron de desviar la atención a la ilegalidad de la filtración; simplemente, luego de las presiones recibidas, los principales protagonistas de ese audio decidieron renunciar.
En México, en el 2015, el secretario presidente del supuesto autónomo Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien claramente es de derecha y ha defendido ilegalmente a los partidos de oposición, fue evidenciado en un audio burlándose de una persona, aparentemente del grupo indígena Chichimeca, donde lo ofende, lo remeda y se burla de la forma de hablar de uno de sus líderes.
Desafortunadamente, no hubo consecuencias para Córdova, e incluso al protagonista le ampliaron, sus incondicionales dentro del INE, su término que debería haber terminado en 2019, pero se le extendió hasta el 2023. Encima de todo, periodistas y medios como #AristeguiNoticias le permitieron desviar la discusión por la ilegalidad de la filtración, sin cuestionarlo en un momento si es que debía renunciar al cargo.
Por si fuera poco, ese mismo secretario presidente y otros funcionarios, alrededor de 400 en el INE, se ampararon ante el poder judicial para no obedecer la Constitución y bajarse el sueldo durante el sexenio del presidente López Obrador.
Desde 2018, a la entrada AMLO a la presidencia, se aprobó una ley para que ningún servidor público ganara más que el presidente: 130 mil 616 pesos mensualmente.
Actualmente, Córdova y otros cientos de empleados, apoyados por el Poder Judicial, ganan un promedio de 262, 634 pesos, el doble que el presidente de la República, violando la Constitución.
Generalmente estos grupos de derecha siempre acusan al actual gobierno de violar la Constitución, especialmente si se les acusa a ellos de un fraude o cuando tratan de evitar un cambio de una realidad que no les favorece. Pero cuando ellos verdaderamente la violan, no pasa nada. Es por eso que muy a menudo se les califica como hipócritas, porque solo aplican y hablan del respeto a la ley cuando les conviene.
Ese mismo Poder Judicial que otorgó el amparo a los trabajadores del INE está empantanado con jueces corruptos. Jueces que han quitado cargos a criminales a políticos (Cabeza de Vaca, Rosario Robles) y liberado sus cuentas (últimamente a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que fue sentenciado por narcotráfico en EEUU).
Por si fuera poco, recientemente se dio a conocer que el Poder Judicial tampoco acató la Constitución, y desde 2018 este grupo de unos 2,000 jueces se pagan salarios de hasta 270 mil pesos mensuales, mientras el sueldo mínimo en México promedia los 6,210 pesos al mes.
En un país con 60 millones de pobres, suena totalmente incongruente que el Poder Judicial viole la ley, y no solo eso, sino que lo haga con sueldos escandalosos de 30 hasta 40 veces más que el asalariado de abajo. Y eso que no incluimos prestaciones, que también son ofensivas.
Desafortunadamente, estos dos grupos de derecha (INE y el Poder Judicial), obligados a hacer valer la Constitución, han encontrado la forma de dar vuelta a la ley, y lejos de respetar y aplicarla como lo hacen su aplaudido sistema de Estados Unidos, simplemente terminan violándola.
Gracias por leer hasta el final
Agustín Durán es editor de La Opinión, único diario impreso en español en California.
