Foto:
Archivo/STAFF / AFP / Getty Images
El presidente Joe Biden promulgó el viernes la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), un proyecto de ley de gastos de defensa masivo con disposiciones que otorgarán a los miembros del servicio un aumento salarial, financiarán el apoyo a Ucrania y Taiwán y rescindirá el mandato de vacunación contra Covid en el ejército de Estados Unidos.
En una declaración posterior a su firma, Biden dijo que la ley “brinda beneficios vitales y mejora el acceso a la justicia para el personal militar y sus familias, e incluye autoridades críticas para apoyar la defensa nacional, los asuntos exteriores y la seguridad nacional de nuestro país”.
El Senado votó la semana pasada para aprobar la masiva NDAA con apoyo bipartidista luego de su aprobación bipartidista por parte de la Cámara la semana anterior.
La ley autoriza el gasto de $858,000 millones de dólares para sufragar durante 2023 las actividades de los departamentos de Defensa, Energía, Estado y Seguridad Nacional, así como las tareas de la comunidad de inteligencia del país.
El gran paquete de gasto incluye también otras iniciativas, como la llamada Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022, que fortalece la cooperación con ese país y autoriza la entrega de dos patrulleros de los Guardacostas de EE.UU. a Ecuador y expandir los lazos económicos entre las dos naciones, a falta de un tratado de libre comercio con Ecuador.
El gran paquete de gastos para la defensa también incluye otra iniciativa legislativa para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Taiwán, aliado de Washington al que China considera una provincia rebelde.
En concreto, la iniciativa otorga $10,000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Taiwán durante los próximos cinco años con el objetivo de ayudar a modernizar sus capacidades en materia de seguridad.
La legislación también amplía la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania y autoriza $800 millones de dólares adicionales para el año fiscal 2023, lo que supone un incremento de $500 millones respecto a lo solicitado inicialmente por Biden.
