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Departamento de Justicia / Getty Images
Un empleado de Donald Trump le dijo al FBI que el expresidente le ordenó que sacara cajas de un depósito en un sótano a su residencia en Mar-a-Lago después de que el equipo legal de Donald Trump recibió una citación para que el expresidente entregara documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos que estaban en la residencia de Florida, según informaron fuentes familiarizadas con la descripción del testigo a The Washington Post.
El FBI también tiene imágenes de vigilancia que muestran a un miembro del personal sacando cajas de la sala de almacenamiento.
El relato de los testigos sobre las acciones de Trump después de que se le entregó la citación en mayo, junto con las imágenes, podría ser clave para la investigación penal federal que investiga posibles delitos, que incluyen obstrucción, destrucción de registros gubernamentales y mal manejo de información clasificada.
El Departamento de Justicia pidió el martes al Tribunal Supremo que rechace la petición presentada por el equipo legal de Trump de que sea un perito independiente quien revise el material clasificado que le fue incautado.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, el gobierno calificó los documentos hallados en la residencia de Trump de “extraordinariamente delicados” y aseguró que si se permite al maestro especial examinarlos, se estará causando un “daño irreparable”.
El Departamento de Justicia llegó a insinuar que incluso si fuese el propio juez quien leyese estos documentos, se estaría “poniendo en jaque la seguridad nacional”.
El FBI realizó el pasado 8 de agosto un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach. Florida, durante el cual decomisó unos 11,000 documentos oficiales, entre ellos unos 100 clasificados, que el expresidente no devolvió cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
Como consecuencia de una demanda que interpuso el exmandatario, una jueza de Florida autorizó que un maestro especial revisase el material incautado, una decisión que impedía al Departamento de Justicia continuar con la revisión de los documentos clasificados.
No obstante, un tribunal de apelaciones permitió posteriormente a la Fiscalía continuar con la investigación de ese material, a lo que el equipo legal de Trump respondió a principios de octubre elevando el caso al Tribunal Supremo.
Desde el principio, Trump ha sostenido que el registro de su vivienda forma parte de un campaña política para impedir la posibilidad de que vuelva a presentarse como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024
