En febrero de 2020, el preciado líquido negro que mantenía en funcionamiento al pequeño pueblo de La Jagua de Ibirico en el norte de Colombia dejó de fluir.
Mientras la pandemia de Covid-19 hundió los precios del carbón a nivel internacional, el gigante multinacional Glencore, a través de su filial local Prodeco, cerró las dos minas de carbón en el área.
Desde el cierre, el cielo se ha despejado y el aire está más fresco, dice Álvaro Castro, líder social e investigador local de la Universidad del Magdalena, que vive en la localidad. Los pájaros ahora cantan en las copas de los árboles verdes y la capa de ceniza de carbón que cubre los techos se ha ido, agrega.
Pero en las calle, la situación es grave.
7.000 trabajadores, de una fuerza laboral de 7.300, perdieron sus trabajos y los contratistas abandonaron el pueblo. Cerraron casi 100 restaurantes, cafés, hoteles y otros negocios, dice la rama local del sindicato de trabajadores del carbón más grande del país.
Como resultado, según el alcalde, el municipio perdió el 85% de sus ingresos.
El líder sindical José Ladeut, uno de los pocos que aún trabajan en el ferrocarril de Prodeco, dice que este repentino cierre de las minas de carbón en La Jagua de Ibirico debería ser una advertencia para el presidente Gustavo Petro.
“Éramos conejillos de indias”, dice. “Y no estábamos listos. La transición nos encontró todavía usando pañales”.
Petro, economista y exguerrillero que fue elegido como el primer presidente de izquierda de Colombia en junio de 2022, llegó al poder con una agenda socialmente progresista y ambientalmente consciente que incluía un fuerte mensaje sobre la necesidad de que el país deje atrás los combustibles fósiles.
Prometió a la nación “un futuro verde, no negro”, y le dijo a La Jagua de Ibirico y a otros pueblos en el corredor del carbón que serían una parte esencial de la transición de Colombia hacia un futuro donde el carbón, el petróleo y el gas permanezcan bajo tierra.
Apuesta global
A principios de noviembre, en un discurso durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 27, en Egipto, Petro dijo que el mundo necesita una “retirada inmediata de la industria del petróleo y el gas”.
A pesar del creciente impulso en torno a la acción climática en los últimos años, los líderes mundiales rara vez dan mucha importancia a la idea de cortar el suministro de combustibles fósiles, incluso en las conferencias climáticas.
Pero hay un reconocimiento creciente de que es una parte crucial de la acción climática: incluso la relativamente conservadora Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dicho que no debe haber nuevas inversiones en nuevos proyectos de extracción de gas, petróleo o carbón de ahora en adelante si el mundo espera alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Hasta ahora, Colombia es el país más grande y más dependiente de los combustibles fósiles que se adhiere a una agenda que llama explícitamente a dejar atrás la extracción de combustibles fósiles.
“Realmente hay muy pocos países en el mundo que han dicho algo con respecto a esta idea de ‘déjalo en el suelo’”, dice Paola Yanguas-Parra, economista de política y transición energética del Fossil Exit Group de la Universidad Técnica de Berlín.
El año pasado, Costa Rica y Dinamarca formaron una alianza internacional para eliminar gradualmente la producción de combustibles fósiles, llamada Beyond Oil & Gas Alliance (Alianza más allá del petróleo y el gas), pero bajo su nueva presidencia, Costa Rica se ha alejado recientemente del liderazgo de la alianza.
En el frente del carbón, desde su lanzamiento en 2017, Powering Past Coal Alliance ha reunido a casi 100 países y gobiernos subnacionales que trabajan para eliminar gradualmente la generación de energía a base de carbón existente.
En estos casos, sin embargo, la mayoría de los miembros oficiales no dependen en gran medida de la extracción de combustibles fósiles, dice Yanguas-Parra.
Colombia, en cambio, se encuentra entre los principales productores de carbón a nivel mundial y depende económicamente en gran medida de los combustibles fósiles: entre el 40 y el 50% de sus exportaciones son carbón y petróleo.
Los impuestos del sector y los dividendos de la petrolera parcialmente estatal Ecopetrol, la empresa más grande del país, representan alrededor del 9% de los ingresos del gobierno central.
¿Está Colombia lista para el cambio?
En comparación con países con una dependencia similar, “los objetivos de Colombia podrían considerarse muy progresistas”, dice Yanguas-Parra. Pero una transición lejos de los combustibles fósiles allí requerirá varias transformaciones importantes.
Economistas y expertos en política energética coinciden en que, a pesar de los discursos elevados, Colombia está lejos de estar lista para “mantenerlo bajo tierra”.
Como la mayoría de las naciones, para pasar a una economía limpia, el país necesita limpiar su red de energía cambiando a energías renovables y electrificando la industria, los hogares y el transporte.
Pero al mismo tiempo, Colombia también necesitará reponer la mitad de sus exportaciones y reestructurar las finanzas públicas a escala nacional y regional.
Para asegurarse de que la transición sea justa, también deberá garantizar que alrededor de 109,000 trabajadores puedan encontrar nuevos empleos, y que las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en áreas críticas para el desarrollo de energía renovable sean incluidas y compensadas de manera justa.
Algunas transformaciones, como una red eléctrica 100% renovable, se pueden lograr a partir de 2030, según descubrieron los investigadores.
Sin embargo, otros objetivos, en particular los que se refieren a la sustitución de las exportaciones de Colombia, asegurar la transformación económica en las regiones dependientes de combustibles fósiles y los planes de limpieza para el cierre de minas y campos petroleros; están lejos de ser una realidad.
Hasta la elección de Petro este año, reemplazar el petróleo y el gas no formaba parte de la conversación sobre la transición energética dentro del gobierno.
Aunque Colombia ha estado construyendo lentamente su política de energía limpia desde 2014, cuando el Congreso aprobó una ley para promover la construcción de proyectos de energía renovable, principalmente energía solar y eólica, a través de exenciones fiscales y otros incentivos; en 2021, menos del 1% de la energía del país provino de estas fuentes.
El expresidente Iván Duque aprobó una importante legislación que regula el mercado de las energías renovables, impulsa los vehículos eléctricos y diseña una política general de transición energética.
Pero, al mismo tiempo, promovió el fracking, realizó subastas de nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón, y apoyó a la industria de los combustibles fósiles como “piedra angular” para salir de la crisis económica creada por la pandemia.
Yanguas-Parra dice que no reconocer la dependencia financiera de Colombia de los combustibles fósiles en las políticas de energía limpia ha sido un error.
A medida que los países importadores descarbonicen sus propias economías, la demanda podría caer en picada, dejando lugares como La Jagua de Ibirico extremadamente vulnerables a una recesión económica abrupta.
Esto es particularmente cierto en las ciudades carboníferas, ya que Colombia exporta el 90% del carbón que extrae.
El reto de la transición
“Lo que hemos visto históricamente es que cuando las transiciones no se planifican, las repercusiones sociales, económicas y culturales se mantienen durante años, e incluso décadas”, dice Yanguas-Parra. “Es extremadamente traumático”.
Eso es exactamente lo que podría suceder en La Jagua, donde las perspectivas de una transición justa actualmente parecen sombrías.
Allí, durante las últimas décadas, los impuestos y regalías pagados por las empresas mineras han superado a los de otros sectores. Las cuatro principales localidades carboníferas del departamento del Cesar -Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso- representan el 35% del PIB total de la zona y el 30% de sus ingresos.
Estos ingresos extraordinarios para los municipios han estancado la voluntad de los alcaldes de explorar otras vías de ingresos, dejando atrás a muchas personas: más de la mitad aún vive en la pobreza en Cesar, y como las minas contaminan el aire y el agua, se perdió la agricultura, incluso para el autoconsumo, dice Álvaro Castro.
En cierto modo, un fenómeno similar ha sucedido a escala nacional.
“Colombia ha tenido una moneda artificialmente fuerte porque nuestras exportaciones son materias primas pagadas en dólares”, dice Juan José Guzmán Ayala, economista del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
“Pero esas materias primas terminan por aplanar el crecimiento industrial del país”.
Dejar los combustibles fósiles bajo tierra significa encontrar ingresos alternativos para reemplazarlos.
El plan de campaña del gobierno proponía crear un Fondo de Transición Energética con impuestos y regalías de la industria para financiar la eliminación y promover nuevos sectores económicos como la agricultura, la agroecología y las tecnologías de energía limpia.
Sin embargo, aún no está claro si el fondosecreará, cuánto dinero recibirá y cómo se decidirá a dónde debe ir el dinero. Tampoco está claro qué tipo de productos, o combinación de ellos, tiene el mayor potencial para reemplazar una parte tan grande de las exportaciones del país.
Una coalición de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales abordó cómo se podría financiar una transición en una propuesta publicada a principios de este año.
Se podrían imponer nuevos impuestos a la industria del petróleo y el carbón, dijo, (esto fue incluido en una reforma tributaria que fue aprobada recientemente por el Congreso), mientras que las exenciones y beneficios fiscales, que representaron una pérdida de US$1.340 millones en 2020 según la propuesta, podría eliminarse.
Un fondo como este podría ayudar, pero deja sin respuesta la pregunta de cómo deberían ser los cierres de minas, dice Andrea Cardoso, economista de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia.
El impacto en el empleo
El marco legal de Colombia guarda silencio en gran medida sobre lo que les sucede a los trabajadores si una empresa renuncia voluntariamente a sus permisos mineros: ella son legalmente responsables de la limpieza ambiental, pero sobre el despido de trabajadores o la responsabilidad por los resultados de salud después de décadas de contaminación, escasamente se aborda con leyes y políticas.
La falta de regulaciones claras, dice Cardoso, permitió que Glencore cerrara sus minas Prodeco prácticamente sin explicación.
Los despidos se produjeron sin previo aviso y, si bien incluían programas de “retiro voluntario” que otorgaban a algunos trabajadores el salario de un año y un seguro médico, la empresa no los apoyó para encontrar un nuevo empleo o reutilizar sus habilidades, dicen los miembros del sindicato.
“Con nosotros, los trabajadores y las comunidades, se está haciendo todo lo que no se debe hacer en una transición justa“, dice Robinson Moreno, dirigente sindical del sindicato de trabajadores del carbón más grande del país, Sintracarbón.
Un vocero de Prodeco rechaza la afirmación de que no se haya brindado apoyo a los trabajadores y afirma que se les han ofrecido programas de asesoramiento y apoyo profesional “orientados a identificar el proyecto de vida ocupacional que mejor se adapta a sus necesidades, ya sea a través de un emprendimiento o una nueva oportunidad laboral”.
El vocero dice que desde que se suspendieron las operaciones por primera vez “se han establecido diferentes canales de comunicación con todos los empleados con el fin de mantenerlos informados sobre la situación de la empresa y la necesidad de ajustar nuestro personal debido a la terminación definitiva de las operaciones en las minas Calenturitas y La Jagua”.
Agregan que “la decisión de renunciar a los contratos mineros no se tomó a la ligera y representa un desenlace decepcionante para el Grupo Prodeco”.
Desde los cierres, según la Agencia Nacional de Minería, la empresa ha cumplido con solo alrededor del 42% de sus obligaciones ambientales.
El vocero de Prodeco dice que la firma está trabajando con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia para cumplir con sus obligaciones ambientales y está esperando la aprobación de sus propuestas por parte de la agencia.
Para Cardoso, quedan muchas preguntas. “Se habla mucho de alternativas, ecoturismo o agricultura”, dice Cardoso. “Pero las propias comunidades preguntan: ‘¿Pero cómo podemos hacer eso si el suelo está contaminado, el aire está contaminado, los recursos hídricos son escasos?’”.
Si Colombia quiere evitar que se repita un escenario como este, debe hablar explícitamente sobre el cierre de minas y regularlo, dice Cardoso.
El año pasado, un documento del Instituto Ambiental de Estocolmo propuso que Colombia debería gastar el dinero adicional que actualmente ingresa por el aumento de los precios del carbón para investigar y promover las mejores opciones económicas alternativas en pueblos como La Jagua.
Y ¿el petróleo y el gas?
Si la situación en torno al carbón es compleja, las cosas se complican aún más cuando se trata de petróleo y gas. A diferencia del carbón, Colombia sí los necesita para funcionar.
El gas proporciona el 12% de la electricidad del país y alimenta sus procesos industriales, así como las estufas y calentadores de agua en la mayoría de sus hogares.
La gasolina, por su parte, mueve prácticamente toda la flota de Colombia: de los 17 millones de vehículos que hay en el país, solo unos 7.000 son eléctricos.
Por eso, muchos se preocuparon cuando la ministra de minas y energía, Irene Vélez -filósofa que antes de ingresar al gobierno, investigó desde la academía el impacto ambiental de la minería ilegal y la transición energética- anunció en agosto que el gobierno planeaba dejar de otorgar nuevas licencias de exploración de hidrocarburos y detener todos los proyectos piloto de fracking.
Vélez ha explicado que esto no afectará el desarrollo de los 117 contratos que están explorando reservas, y que, en combinación con las reservas que ya se están explotando, se espera que duren alrededor de una década, según una estimación reciente.
Si el gobierno cierra el grifo del petróleo y el gas antes de que disminuya la demanda de estos combustibles fósiles, el país tendrá que importar más gasolina y gas, y pagar ese precio en dólares, arriesgándose al caos económico interno, dice Guzmán Ayala.
Es por eso que aboga por políticas que se centren en la demanda en lugar de la oferta, al igual que el paquete de Acción Climática aprobado recientemente en EE.UU., que incentiva a los propietarios de viviendas, las empresas y los estados a cambiar a las energías renovables.
En Colombia, esto significa abordar el transporte, el mayor consumidor de combustibles fósiles del país, dice Jessica Arias, investigadora de políticas en Transforma, un centro de investigación de transición energética en Colombia.
Para hacer esto, el país debe impulsar el transporte público eléctrico, cambiar la inversión pública de las carreteras a los ferrocarriles y apoyar la propiedad de vehículos eléctricos, según un resumen de políticas en coautoría de Arias.
Pero Yanguas-Parra cree que alejarse de la extracción de petróleo y gas es tan necesario como electrificar internamente y considera que ambos procesos están profundamente entrelazados. “Necesitamos reducir las exportaciones para poder usar más petróleo o reducir drásticamente el uso interno para poder exportar la misma cantidad”, dice.
Para reemplazar el gas y el petróleo para 2050, Colombia necesitará producir unas cinco veces más electricidad de lo que produce hoy, descubrió el equipo de Arias.
El rol de las comunidades
Con una red eléctrica ya relativamente verde (las represas hidroeléctricas generan alrededor del 70% de la electricidad en el país), es posible alcanzar una red eléctrica 100% renovable para 2030, según un artículo reciente en coautoría de Yanguas-Parra.
Sin embargo, el documento dice que los formuladores de políticas deben avanzar firmemente hacia esto y garantizar que la transición energética obtenga “licencias sociales”.
De hecho, la falta de aprobación social podría convertirse en el mayor obstáculo para las energías renovables, dice Yanguas-Parra. Si el gobierno se enfoca en construir megaproyectos en áreas donde ya hay conflicto por el uso del suelo, “el conflicto social frenará totalmente el avance”, agrega.
En Colombia, la industria de la energía eólica ya está bajo escrutinio: las comunidades indígenas Wayúu en La Guajira han denunciado violaciones de derechos humanos y falta de transparencia en los proyectos que llegan allí.
Mientras tanto, en el pequeño pueblo de La Loma, cerca de las minas ahora cerradas en La Jagua, el gigante renovable Enel está construyendo el parque solar más grande de Colombia, pero las comunidades locales han dicho que no fueron informadas sobre el proyecto ni de ninguna manera se beneficiarán de el.
“Estamos de acuerdo con una transición energética. Conocemos el mundo y el tiempo lo requiere”, dijo Moreno, quien es uno de los líderes sindicales de Prodeco. “Pero en este momento, la transición energética es solo para las empresas multinacionales”.
Enel y SER Colombia, un organismo de la industria que agrupa a varias empresas que desarrollan proyectos de energía renovable en La Guajira, no respondieron a una solicitud de comentarios.
Si siguen pasando cosas así, “la sociedad simplemente no va a aceptar la transición energética”, dice Yanguas Parra.
Hasta el momento, la ministra Vélez ha sido explícita sobre la intención del gobierno de incluir a las comunidades en la transición.
Ella ha mencionado repetidamente que el gobierno quiere apoyar a las “comunidades energéticas”, en las que un vecindario puede acordar instalar paneles solares en una escuela o un complejo residencial, usar la energía y vender el excedente a la red nacional.
La propuesta podría ser especialmente útil para llevar electricidad a las 404.000 familias que aún viven sin ella en Colombia.
El gobierno nacional también se ha reunido con representantes locales, empresas, sindicatos y comunidades en diálogos regionales para crear una hoja de ruta de transición energética que, según un reciente discurso de Vélez, estará lista en unos seis meses.
En cuanto a la salida de Prodeco de La Jagua de Ibirico, Ladeut dice que un sistema justo habría visto a las comunidades, los trabajadores y los gobiernos sentarse con la empresa para llegar a un acuerdo. “La transición energética es una realidad. Hoy somos nosotros. Mañana serán otras empresas”.
Laudet y otros 35 extrabajadores -entre ellos Moreno- están trabajando con Cardoso y su grupo de investigación para crear un programa académico de 150 horas sobre reciclaje laboral que esperan se convierta en una licenciatura.
Pero saben que no pueden hacer que la transición suceda por sí solos: toda la sociedad, dicen, debe avanzar hacia ese objetivo, y el gobierno debe definir claramente cómo alcanzarlo.
“Cuando estás corriendo una maratón, no basta con decir ‘Quiero correr esta maratón’”, dice Guzmán Ayala. “Hay que establecer un plan de entrenamiento estructurado para lograr ese objetivo”.
El gobierno colombiano aún tiene que establecer su propio plan de capacitación para lograr un futuro libre de fósiles. Pero esto es esencial si él, y el resto del mundo, quiere ser capaz de cruzar esa escurridiza línea de meta.
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