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El 25 de septiembre de 2012, el entonces gobernador de California Jerry Brown rubricó con su firma la ley AB 685, por la que el estado reconocía que “todo ser humano tiene derecho a agua segura, limpia, asequible y accesible, adecuada para el consumo humano, cocinar y para fines sanitarios”.
Más de una década después, un informe de California Auditor establece que casi un millón de californianos todavía no tienen acceso a agua potable limpia.
La sequía que hostigó al sur del estado por largos meses solo dio fin con las lluvias recientes torrenciales; sin embargo, eso no soluciona el problema.
Adicionalmente, muchas familias sufren de problemas resultantes de fuentes de agua tóxica, contaminación causada por el hundimiento del suelo o por inundaciones. Se trata mayormente de familias de bajos recursos y comunidades de color, para las que el agua dulce que sustenta la vida no está fácilmente disponible.
Es más: en los últimos años, las tarifas de agua -así como las de suministro eléctrico y otros servicios- han subido desproporcionadamente para las personas de bajos recursos. Como ejemplo, muchas familias que ganan alrededor de 25,000 dólares al año se enfrentan con cuentas de más de 200 dólares.
Uno de cada diez californianos está atrasado en el pago de su cuenta de agua.
Parte de la responsabilidad por el empeoramiento de la situación de muchos de ellos radica en los estragos causados por la pandemia del COVID-19. No solo en quienes se contagiaron con el coronavirus. Una gran proporción de los trabajadores esenciales, de la llamada primera línea, quienes fueron los verdaderos héroes, quienes brindaron servicios esenciales durante esos difíciles meses, fueron personas de bajos recursos, inmigrantes, latinos, afroamericanos.
Pasada la pandemia, siguen expuestos de forma crónica a agua contaminada e inasequible.
La premisa de Groundswell for Water, una campaña de base creada por la organización sin fines de lucro Community Build en el Sur Los Ángeles. se basa en que las recientes precipitaciones récord no significan que el agua potable de California sea segura para todos. No lo es.
En consecuencia, está buscando, a través de coaliciones con otros grupos de base que representan a las comunidades de color, influir en las autoridades fedeales y estatales para que avancen proyectos de suministro y transporte de agua, tanto nuevos como los ya existentes. Es urgente, establece, que se proteja a las comunidades de los peligros de la contaminación tóxica y el déficit en el acceso al agua potable.
Para ello, ha anunciado una sesión informativa legislativa sobre derechos civiles y justicia del agua un día antes del Día de la Tierra, es decir, este viernes 21 de abril. Se trata de articular políticas y coaliciones para dar voz a aquellos que tradicionalmente están excluidos de las discusiones de política en el estado, quienes carecen de suficiente poderío político y económico.
El evento, con la participación de la legendaria líder sindical Dolores Huerta y activistas, políticos y dirigentes de numerosas organizaciones, es impulsado por Groundswell en conjunto con la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur del Gran Los Ángeles, NAACP, Los 200 y el Instituto FIELD. La organización ofrece más información a través de su portavoz Jennie Carreón, en el (213) 464-3482.
Recordemos que el Sur de California, y especialmente la zona del condado de Los Ángeles, es una región desértica, con un bajo promedio de precipitaciones anuales y carencia de fuentes hídricas disponibles. La carencia de agua ha sido un problema histórico para esta región y sus 24 millones de habitantes. El procesamiento y distribución del agua ha estado en manos de potentes intereses económicos, y alrededor del 10% de los due;os de derechos de agua demandan el 90% del líquido. Quienes resultan perjudicados también son los pequeños operadores de sistemas de agua en todo el estado.
Todo esto será parte de la iniciativa de Groundswell y sus aliados en el futuro cercano.
