La fuga de una exministra de Ecuador de la embajada argentina en Quito provocó una crisis diplomática entre los dos países sudamericanos.
María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda durante el gobierno de Rafael Correa -entre 2010 y 2014-, se había refugiado en la embajada de Argentina en agosto de 2020 para eludir una condena a ocho años de prisión por un caso de sobornos.
De acuerdo a la Fiscalía, Duarte formó parte de una organización para cobrar coimas por US$7,3 millones de parte de contratistas de obras públicas en su país.
La exministra asegura que es víctima de persecución política.
Duarte apareció este martes a las 11:00 hora local (15:00 GMT) en la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, informó la cancillería argentina.
“La señora Duarte Pesantes informó que actualmente se encuentra en Caracas -sin brindar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo- y realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender. Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo”, dice el comunicado oficial.
Las autoridades ecuatorianas aseguran no tener registro en Migraciones de su salida del país y dijeron que solicitaron a Argentina acceso a las cámaras de seguridad de la sede diplomática, algo que les fue negado.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, y Alberto Fernández, presidente de Argentina.
En consecuencia, el gobierno de Lasso declaró persona non grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y le pidió retirarse del país. También llamó a consultas a su representante en Buenos Aires, Xavier Monge.
“Se le ha dado un tiempo prudente (al embajador Fuks) para su salida del país”, dijo a la prensa el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín.
“Nos apena mucho llegar a este punto, pero las inconsistencias en algunas de las informaciones relacionadas a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte nos han hecho tomar esta decisión”, agregó.
Respuesta de Argentina
El gobierno argentino, en tanto, dijo que su canciller, Santiago Cafiero, informó el lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador que la exministra no se encontraba en su sede diplomática en Quito desde el fin de semana y que salió “por decisión propia” y sin “previo aviso” a los funcionarios presentes.
Agregó que Duarte residía en un edificio distante de la residencia oficial del embajador con su hijo menor de edad, de nacionalidad argentina, y que tomaba con “sorpresa y profunda tristeza” la decisión del gobierno de Lasso de “escalar” el conflicto entre ambos países por la situación de la exministra.
“Lamentando por lo tanto la incomprensible decisión del gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del embajador Gabriel Fuks, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina”, añadió en un comunicado.
El canciller de Ecuador informó que su representante en Buenos Aires, Xavier Monge, llegaría al país andino en horas posteriores.
Argentina había solicitado a Ecuador el 1 de diciembre el asilo diplomático de Duarte, pero el gobierno de Lasso rechazó otorgarle un salvoconducto para salir del país.
El gobierno argentino dijo que su canciller, Santiago Cafiero, informó el lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador que la exministra no se encontraba en su sede diplomática en Quito.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Duarte dijo que agradecía a Argentina por haberla “cobijado ante la persecusión de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso”.
“Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política”, escribió.
“Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía”, añadió.
Al país, a mi familia y a mis amigos: pic.twitter.com/ck4pMntAv5— María Duarte P. (@MariaDuartePesa) March 14, 2023
Duarte fue condenada por cohecho en el caso conocido como “Sobornos 2012-2016” en el que empresas presuntamente hacían aportes económicos “irregulares” al partido Alianza País, liderado por Rafael Correa.
